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justificación que las legitime (una finalidad no contradictoria con la Constitución) o con unas
consecuencias desproporcionadas (STC 75/1983, FJ 2). Para el Abogado del Estado no son
comparables las situaciones de quienes presentan la declaración especial, quienes cumplen
temporáneamente sus obligaciones tributarias y quienes sin haberlas cumplido, no acuden a la
declaración especial y presentan una declaración extemporánea al amparo del art. 27 LGT. Se
trata, simplemente, de una sucesión de normas que no está constitucionalmente proscrita, respecto
de la que el principio de igualdad no puede impedir la evolución del Derecho. Además, la
Constitución no obliga a dispensar el mismo trato a quienes se encuentran en una situación ilegal,
por no haber declarado sus rendimientos tributarios en plazo, pero que desean regularizar su
situación. El legislador puede decidir, en un momento determinado y con una vigencia temporal,
introducir junto con el procedimiento ordinario de regularización otro excepcional sin que
padezca el principio de igualdad. La única comparación relevante sería, entonces, la del
contribuyente cumplidor con la del que ha ocultado sus rentas y se acoge a la declaración especial,
respecto de la que existe una razón del trato desigual: el cumplimiento del principio de estabilidad
presupuestaria del art. 135 CE, dentro de los márgenes establecidos por la Unión Europea. Para
el Abogado del Estado, si el coste de la regularización fuese alto, pocos defraudadores se
acogerían al mismo, razón por la cual, sólo con un coste bajo se consigue el objetivo perseguido,
lo que supone que debe admitirse un cierto sacrificio de los principios tributarios del art. 31.1
CE, singularmente el de igualdad, en atención a otros principios constitucionalmente relevantes,
como es el de estabilidad presupuestaria del art. 135 CE.
8. Mediante providencia de 6 de junio de 2017 se señaló para deliberación y votación de
la presente Sentencia el día 8 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1. Como ha quedado expuesto en los antecedentes, el objeto del presente recurso de
inconstitucionalidad lo constituye la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012,
de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas
a la reducción del déficit público, por presunta vulneración de los arts. 86.1 y 31.1 CE.
En dicha disposición adicional, bajo el título de “Declaración tributaria especial”, se
habilita a los contribuyentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), del