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junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a través del canje de Pagarés del
Tesoro o emitidos por las Diputaciones Forales por activos de Deuda Pública especial, de manera
que las rentas o patrimonios aflorados no tributaban, ni los rendimientos generados quedaban
sometidos a imposición en el impuesto sobre la renta de las personas físicas o en el impuesto
sobre sociedades. Subraya, a continuación, las emisiones de Pagarés del Tesoro fiscalmente
opacos al amparo de la disposición adicional primera de la Ley 14/1985, de 29 de mayo, de
Régimen Fiscal de Determinados Activos Financieros. Añade, a renglón seguido, las
recomendaciones de la OCDE sobre las estrategias encaminadas al cumplimiento voluntario de
las obligaciones fiscales por parte de los defraudadores mediante programas especiales de
declaración voluntaria (OCDE, 2000, ”Improving Access to Bank Information for Tax Purposes”;
y OCDE, 2010, “Offshore Voluntary Disclosure, Comparative Analysis, Guidance and Policy
Advice”), como fórmula de aumentar los ingresos públicos por los Gobiernos en tiempos de crisis,
como sucedió en Estados Unidos, con más de 14.700 contribuyentes, o en Alemania, con más de
20.000 contribuyentes (con una recaudación adicional para el Gobierno alemán en torno a los
4.000 millones de euros). Considera el Abogado del Estado que para que estas iniciativas tengan
éxito es necesario proporcionar unos incentivos suficientes para que los contribuyentes que no
cumplen se acojan a estos programas, pero sin que se produzca la sensación pública de que
defraudar es rentable.
Destaca el Abogado del Estado que, a la fecha del informe de la OCDE de 2010, un buen
número de países habían acudido a procedimientos especiales de declaración voluntaria, con
fuertes incentivos para que los defraudadores pudieran regularizar su situación incrementando de
forma inmediata la recaudación. Así lo hizo Grecia, con un gravamen del 5 por 100 de las rentas
no declaradas repatriadas y un 8 por 100 para las no repatriadas; México, con un tipo del 4 por
100 para las rentas declaradas por personas físicas y del 7 por 100 para las declaradas por personas
jurídicas; Portugal, con un tipo único del 5 por 100 para las rentas afloradas; Turquía, con un tipo
que oscilaba entre el 2 y el 5 por 100; Argentina, con tipos del 1, 3, 6 y 8 por 100, dependiendo
del destino de las rentas afloradas; Italia, con un tipo del 5 por 100 y, en fin, Alemania, con un
tipo del 25 por 100.
Hechas las precisiones anteriores, pasa el Abogado del Estado a analizar la disposición
adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, señalando que ni crea un tributo nuevo, ni aborda
la reforma de ningún tributo existente, sino que, siguiendo las recomendaciones de la OCDE, se
limita a introducir un procedimiento especial de regularización de rentas no declaradas,